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Un joven denunció que lo golpearon en la comisaría de Achiras

Un albañil de 21 años denunció haber sido golpeado en la comisaría de Achiras, localidad ubicada a 70 kilómetros de Río Cuarto, en un presunto nuevo caso de violencia institucional ligado a la policía de Córdoba.

Jeremías Rodríguez, acompañado por su padre Daniel Rodríguez, formalizó una denuncia penal ante Javier Di Santo, fiscal de Instrucción de Río Cuarto, que tiene competencia en Achiras, por el hecho ocurrido en la madrugada del domingo.

El hecho ocurrió en el pub de Achiras, donde Jeremías y su padre tomaban un fernet y, según lo que explicaron a la prensa, ambos fueron retirados del lugar por “un cabo”, que “hacía adicionales” en el lugar y que fue identificado por los Rodríguez.

“A mí me soltaron ahí nomás, pero a mi hijo se lo llevaron entre Maldonado y una mujer policía, y el tipo le iba pegando trompadas en el estómago”, aseveró el padre del joven, que agregó que luego trasladaron a su hijo al destacamento de Achiras, donde recibió una golpiza “en el ojo, en la boca y en la cara”.

En el mismo sentido, el joven relató: “Me tuvieron desnudo como dos horas (en una celda). En un momento, me llevaron al dispensario para que me hicieran curaciones y me volvieron a encerrar. Recién al mediodía (del domingo) me llevaron a mi casa”.

Tras aclarar que entregaron a la Justicia, como prueba, la remera que Jeremías vestía esa noche, en las que se ven “las salpicaduras de sangre”, el padre del joven concluyó: “Ni mi hijo ni yo hicimos nada para que le pegaran así”.

Lo sucedido en Achiras tiene como contexto la denuncia formulada por la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, según la cual en lo que va de 2014 ya se han registrado siete casos de jóvenes muertos en casos de “gatillo fácil”, lo que expresa la “sistemática política represiva” del gobierno de José Manuel de la Sota respecto de ciertos sectores sociales.

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“En 2014 ha habido un crecimiento exponencial que se pone de manifiesto en que hay, prácticamente, un caso de ‘gatillo fácil’ por mes. Ya llevamos siete y son sólo los que salen en los medios o de los que nos enteramos porque se acercan a nosotros”, aseguró a la prensa Lucrecia Fernández, integrante de la asociación civil.

La dirigente precisó que “hay una política de seguridad del gobierno de De la Sota que deja muy en claro que quiere ejercer un control social o una suerte de ‘limpieza terrible’, estigmatizando a ciertos sectores de la sociedad”.

Con asiduidad se repiten denuncias por supuestos hechos de violencia institucional y en mayo pasado vecinos de Río Segundo, localidad ubicada a 40 kilómetros de la capital provincial, denunciaron haber sido víctimas de allanamientos ilegales concretados por la Brigada de Investigaciones de la Policía.

La asiduidad de hechos vinculados con agentes de la fuerza hizo que, en mayo, junio y julio pasado, familiares de víctimas del accionar de la policía marcharan por la capital provincial contra las políticas represivas del gobierno delasotista.

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