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Coparticipación: El Gobierno impulsa el esquema de coeficientes móviles de distribución

Debate

El Gobierno nacional ratificó la idea de avanzar en la discusión de un nuevo esquema de Coparticipación Federal a partir de 2018, en el que se planea dejar atrás el actual esquema de coeficientes fijos hacia otro móvil, tanto en la distribución primaria como secundaria de recursos a las provincias.

El subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Paulino Caballero, habló de avanzar en un nuevop esquema de coparticipación, al exponer en un panel organizado por la Unión Industrial Argentina como parte del seminario sobre la “Ley de Coparticipación. Aportes para el Federalismo Fiscal” que se realizó en la sede de la entidad gremial fabril, en el centro porteño.

Del encuentro también participaron Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de UIA; Néstor Rossi, miembro del Departamento de Política Tributaria de UIA; Gustavo Naveira de Casanova, profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA; Ricardo Gil Lavedra, coordinador general de Justicia 2020; y el economista Manuel Solanet.

“La nueva asignación de recursos requiere ver el esfuerzo de cada jurisdicción por capacidad tributaria o matriz productiva, para superar el actual esquema en el que un esquema fijo profundizó las diferencias”, afirmó Caballero para lo cual “es necesario determinar qué bienes y servicios va a prestar cada nivel de gobierno pero al mismo tiempo la posibilidad de recaudación de cada uno”.

Para el funcionario, el proyecto del Gobierno es “salir del esquema actual de coeficientes fijos para ir hacia un esquema móvil tanto en la distribución primaria como en la secundaria”, al afirmar que “hay un desequilibrio horizontal de la distribución de recursos pero también vertical que permite la discrecionalidad de la Nación en su relación con las provincias”.

El debate que orienta el Gobierno es “conducir a tres regímenes que comienza con la prestación básica de servicios como educación, salud y seguridad; el desarrollo de infraestructura para ir hacia una convergencia con metas a cumplirse en plazos, y la creación de un fondo compensatorio de gasto público entre nación y provincias para la sustentabilidad de todas las jurisdicciones”.

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El diálogo entre los ministros con responsabilidad tributaria de todas las provincias para elaborar un acuerdo marco que será enviado al Congreso el año próximo debería estar cerrado hacia fines de 2017, según la agenda detallada por Caballero.

Gil Lavedra defendió la posibilidad de ir a un nuevo esquema de coparticipación en base a la Constitución Nacional de 1994, de la cual se desprende que se puede avanzar en varias leyes en la materia y no una ley única; pero además de incorporar otras figuras como un órgano fiscal federal encargado de controlar el cumplimiento de la relación nación y provincias; establecer un Banco Federal y avanzar en la regionalización.

“Las distorsiones son enormes en un país en el que la Nación recauda el 80% de los impuestos, pero representa el 56% de los gastos, mientras que las provincias y municipios recaudan el 20% pero gastan el 43% de lo recaudado”, explicó el constitucionalista.

Esta situación, a criterio de Gil Lavedra “explica diferencias terribles en la asignación por habitante de la recaudación impositiva y generó que algunas provincias se conviertan en distritos rentísticos que prácticamente viven de lo que reciben de coparticipación, para cuyos gobierno es muy fácil gastar sin recaudar”, mientras que “la Nación mantiene un grado de transferencia discrecional que alimenta las diferencias en la distribución”.

A su turno, Solanet se mostró escéptico sobre la actual dirección del debate que impulsa el Gobierno nacional, al considerar que el plan “es muy difícil que sea políticamente viable” al explicar que “todas las provincias se sienten castigadas en el actual esquema y ninguna se va a resignar a recibir menos de lo que percibe en la actualidad”.

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Por ello, planteó la propuesta elaborada desde FIEL de “volver a un esquema de correspondencia fiscal” que presupone un vínculo entre las decisiones de gasto extra del Gobierno provincial y el esfuerzo contributivo adicional de los votantes provinciales.

“El retorno a ese esquema permite alinear los incentivos a gastar menos y mejor, y a recaudar lo menos posible para hacer más atractiva la llegada de inversiones a esos distritos. Se trata de un esquema en el que compiten 24 provincias que recaudan y no un Estado nacional que recauda solo y no compite con nadie”, enfatizó el economista.

Desde la central industrial, Abeledo como presidente del Departamento de Política Tributaria de UIA, aseveró que “el actual esquema de coparticipación es uno de los problemas centrales del deficiente sistema tributario, con un sistema institucional que generó distorsiones que se reflejan en todos los desmadres de regímenes municipal, provincial y nacional, que convierten a la industria, las empresas y los contribuyentes en variables de ajuste del disparate tributario”.

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